Se ha reactivado la discusión sobre el aumento del período de duración del postnatal. Y más que reactivarse, se ha generado polémica en vista de lo que supuestamente pretende el Presidente Piñera al efecto. Las intenciones del Mandatario serían crear un proyecto de ley que aumente "hasta" seis meses el postnatal y no "a" ese mismo plazo. La diferencia, que podrá sonar estúpida por tratarse de una sola palabra, tiene una implicancia sumamente importante. En realidad, parece haber consenso en que existirá un postnatal de seis meses; pero lo que no se sabe es si será obligatorio o no para la madre trabajadora.
La diferencia vuelve a ser idiota si se le observa superficialmente. En una sociedad democrática, en donde la libertad es uno de los valores más preciados (sino el más, en conjunto con la propiedad), parece absurdo obligar a una madre a permanecer seis meses en la inactividad, con la consecuente disminución de sus ingresos por no trabajar. En este sentido, diversas opiniones procedentes de grupos de opinión liberales y, precisamente, organizaciones de carácter económico gremial (léase CPC y similares) han señalado que la extensión del postnatal en el plazo indicado de forma obligatoria, generará costos adicionales a la mujer, por cuanto se constituirá en una barrera de entrada de acceso a la mujer en edad fértil al mercado de trabajo y, además, coarta la libertad de las mismas de volver a sus trabajos en el momento en que las mismas lo estimen pertinente.
Los argumentos serían validísimos e irrefutables desde la perspectiva que se les observara, si no se enmarcara esta discusión en la rama del derecho denominada "del trabajo". Sin ánimo de caer en tinterilladas, quizás sepa el lector que esta rama del derecho ha convenido en que el trabajador se encuentra en una situación de inferioridad económica frente a su empleador, ya sea al momento de la contratación, como en el desarrollo de las funciones del trabajador bajo su mando, lo cual redunda en posibles abusos. Bajo este prisma ya no es discutido que el derecho laboral se ha transformado en el mecanismo tutelar de aquel que se encuentra en una inferioridad, y es así como se han creado normas y principios que permiten, ya sea a través de mecanismos jurisdiccionales y administrativos, tomar acciones en favor de los trabajadores, como el cumplimiento de normas mínimas obligatorias para los empleadores.
Es totalmente claro que el postnatal aumentado en seis meses de forma obligatoria se transformará en una barrera de entrada de la mujer en el mercado laboral. Lo es también que la obligatoriedad atenta contra el legítimo derecho de la mujer de volver al trabajo en un plazo inferior al ya dicho. Sin embargo, considerar al postnatal como voluntario convertiría en prácticamente inaplicable el plazo de seis meses, por cuanto los empleadores tendrán mecanismos para exigir que la trabajadora se reincorpore en el menor plazo posible, ya sea mediante coacciones (amenaza de despidos, derivación a funciones indeseadas, etc.) o compensaciones (beneficios laborales, indemnizaciones por el plazo no cumplido, etc.). En principio los acuerdos monetarios entre las partes parecieran no ser perniciosos del todo considerando que, probablemente, le serán convenientes a la madre ya que podrá mantener sus ingresos monetarios por mantenerse en funciones e, inclusive, podrá incrementarlos por la vía de las concesiones arriba expresadas. Al parecer, en ese sentido irían enfocados los proyectos de ley que pretende el Ejecutivo y el oficialismo en líneas generales.
Demás está decir que estos acuerdos interpartes deben ser tomados con pinzas. Un arreglo económico sin más puede provocar que la legislación sobre postnatal se transforme en un mal chiste en que las madres trabajadoras deberán volver a los pocos meses de haber dado a luz y
con compensaciones exageradamente mínimas, o tal que su reincorporación venga rodeada de un clima de molestia o mal ambiente de trabajo.
Por ello, quisiera terminar haciendo dos precisiones. La primera se enmarca en el cinismo que ha rodeado la discusión del postnatal, centrándolo en la libertad de la madre trabajadora. Ese argumento, bien aplicable a aquella profesional joven de ingresos medios altos, no lo es respecto al grueso de las madres trabajadoras del país, que son las que realmente requieren la protección a la maternidad. Recordemos que el derecho del trabajo es un mecanismo jurídico legislativo de carácter tutelar (tal como la protección al consumidor), razón por la cual las medidas a implementar deben tender siempre al mejoramiento de las condiciones actuales existentes para el trabajador. Así, la libertad se va a las pailas en la mayoría de los casos existentes en el mercado, en donde abunda la subcontratación de trabajadores, el suministro y la precariedad, en donde la madre trabajadora siquiera podrá determinar cuánto tiempo tomará de su postnatal y menos, el monto al que ascenderá su indemnización por el plazo no consumido. De ahí que sea sumamente peligroso tolerar de buenas a primeras mecanismos que permitan disminuir el plazo de seis meses previo pago de alguna suma de dinero o de otros beneficios de índole laboral.
El segundo, para finalizar, es centrar el debate en lo que se protege en el postnatal. Desde ya diré que no es la protección de la madre, sino que es a la maternidad. Ello significa, ni más ni menos, que la protección se dirige hacia el recién nacido a fin de que, en su etapa de vida temprana, goce de los cuidados de progenitora, ya sea para el mantenimiento de su salud y mantención y más, que nada, para crear el lazo entre madre e hijo. La madre trabajadora, por cierto, tiene derecho a un descanso mientras se repone de los dolores del parto, pero creer que la madre descansa con un recién nacido es ver el mundo al revés, ya que será el menor quien sea el centro de la protección final.
Y para muestra un botón, la mayoría de las madres trabajadoras desearía dedicarse al cuidado de los hijos en vez de trabajar.
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